EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa de distribuir fentanilo con Los Chapitos. Posible cadena perpetua.
29 de abril de 2026. Distrito Sur de Nueva York.
Rubén RM acusado de narcotráfico y delitos de armas con pena posible de cadena perpetua. Eso es lo que ocurrió hoy. No en una dictadura centroamericana, no en un Estado fallido sin nombre. En Sinaloa, México, gobernado desde 2021 por Rubén Rocha Moya, militante fundador de Morena, ex rector universitario, doctor en Ciencias Sociales, intelectual de izquierda, aliado irreemplazable de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy eso ya no importa.
Lo que importa: el Departamento de Justicia acusó a diez funcionarios actuales y pasados de México, afirmando que todos ellos se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos hacia Estados Unidos.
LA NARRATIVA OFICIAL
Rocha Moya salió primero a redes. El mensaje era previsible hasta en su puntuación.
En sus redes sociales, el gobernador negó rotundamente las acusaciones, afirmando que “no tienen ninguna verdad ni fundamento“, al mismo tiempo que señaló a Estados Unidos de vulnerar la soberanía nacional.
Luego vino la capa institucional. Rocha calificó la acusación como un “ataque” a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus “emblemáticos liderazgos” y a los mexicanos que “representamos esa causa”. La inscribió en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dio la salida técnica: la SRE anunció que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, y aclaró que los documentos no incluyen pruebas adjuntas. Ganar tiempo. Exigir formalidades. Pasarle el bulto a la FGR.
Rocha Moya confirmó que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum, que permanece enfocado en sus responsabilidades administrativas sin distracciones, y que la comunicación con autoridades federales resultó en clarificaciones sobre su situación.
Nadie renuncia. Nadie se separa. El Estado de derecho mexicano activa su protocolo de siempre: negar, dilatar, convertir el crimen en agravio diplomático.
ESTE ES EL FIN DE MORENA
Rubén Rocha Moya declaró hoy que se enteró de las acusaciones por el comunicado de la Embajada. Dijo no haber recibido notificación previa.
Dijo también —y aquí está el dato— que no sabía que su visa estadounidense había sido revocada.
El periodista Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times, reveló que Estados Unidos revocó en 2025 la visa del gobernador de Sinaloa, dato que no había trascendido públicamente.
Esto no ocurrió ayer. Ocurrió hace más de un año. Y Rocha, según él mismo, no lo sabía.
Hay dos opciones. O el gobierno de Estados Unidos revocó silenciosamente la visa de un gobernador en funciones sin comunicárselo a nadie — ni al gobernador, ni a la cancillería, ni a la presidenta — o alguien en la cadena de mando sabía y eligió no actuar.
Según fuentes consultadas por Fisher, la campaña anticorrupción de la administración Trump incluiría cargos formales en tribunales federales contra funcionarios mexicanos, incluidos integrantes de Morena. La revocación de la visa no fue un trámite burocrático. Fue el primer acto de un expediente que ya estaba construido.
La soberanía que Rocha invoca hoy es la misma que su administración negoció con Los Chapitos.
Hechos duros. Sin adornos.
— La acusación formal fue desclasificada por Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la DEA.
— A Rocha Moya se le imputan conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseerlos. La sentencia mínima es de 40 años. La máxima: cadena perpetua.
— El DOJ acusa que Rocha fue elegido gobernador en 2021 con ayuda de una facción del cártel dirigida por los hijos de El Chapo. A cambio, prometió protegerlos mientras distribuían drogas hacia Estados Unidos.
— Dos funcionarios documentados en el indictment recibían sobornos mensuales fijos: el subprocurador de la Fiscalía estatal, 11,000 dólares; un excomandante de la policía municipal, 1,600 dólares. A cambio: información de operativos, identidad de fuentes, protección operacional al cártel.
— Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar suyo, en 2023.
— El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga documentó que el gobierno de Sinaloa desvió cerca de cuatro mil millones de pesos a empresas de dudosa reputación entre 2021 y 2026.
— Entre 2023 y 2025, el gobierno estatal de Sinaloa continuó adjudicando contratos a empresas sancionadas por Estados Unidos por vínculos con el Cártel. Entre esos contratos, uno vinculado al DIF estatal, cuya presidenta es Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador.
— Cuando el Mayo Zambada fue arrestado, declaró que el día de su captura se dirigía a una reunión política convocada por el propio Rocha Moya. En la misma jornada fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, rival político del gobernador y exrector universitario. El crimen sigue impune.
— Bajo el gobierno de Rocha Moya, Sinaloa acumula más de dos mil seiscientos asesinados y tres mil desaparecidos.
— Rocha Moya no es el único funcionario de Morena sin visa. La lista incluye legisladores del partido y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
LOS DIEZ ACUSADOS
No fue un hombre. Fue un aparato.
Los otros nueve acusados junto a Rocha incluyen al senador en funciones Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía estatal; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, ambos exjefes de la policía de investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública; José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, exsubdirector de la policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde actual de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán “Juanito”, excomandante de la policía municipal.
Gobernador. Senador. Alcalde de la capital. Subprocurador. Exsecretario de finanzas. Dos exjefes de la policía de investigación. El exsecretario de seguridad pública.
No es una red periférica de funcionarios menores que actuaron a espaldas del gobierno. Es la columna vertebral del gobierno mismo.
Morena pierde su relato de ser el movimiento anticorrupción de México. El partido que prometió terminar con los gobiernos de la impunidad tiene hoy a un gobernador, un senador y un alcalde acusados formalmente en la corte más poderosa del mundo.
Sheinbaum pierde su postura de equidistancia. Rocha lleva décadas siendo el principal aliado de Morena en Sinaloa. El expresidente López Obrador lo convocó para su coalición desde los años noventa. Cuando en 2011 se fundó Morena, Rocha fue el articulador clave de la operación en el estado. No es un aliado incómodo. Es un pilar del proyecto.
La FGR pierde su capacidad de ignorar. Tiene en sus manos los documentos de extradición. Tiene que responder, formalmente, si procede o no. Cualquier decisión la compromete.
AMLO pierde aunque ya no esté en el poder. Rocha Moya ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos en parte gracias a su relación con el expresidente López Obrador, a quien se describe como su mentor político. La elección de 2021 que llevó a Rocha a la gubernatura —la misma que el DOJ describe como financiada por Los Chapitos— fue operada desde Palacio Nacional.
El cártel pierde a su estructura política. Las autoridades estadounidenses alegan que el grupo secuestró e intimidó a rivales de Rocha para que pudieran operar con impunidad y enviar drogas a Estados Unidos. Con la acusación pública, esa estructura queda expuesta y sus operadores, en la mira.
Sus propias palabras como arma
Rocha Moya lleva años fabricando su escudo con declaraciones. Hoy ese escudo se convirtió en expediente.
En 2025, cuando la oposición exigía su renuncia y el exgobernador Francisco Labastida declaraba que Sinaloa vivía un “narcogobierno”, Rocha respondió con desdén:
“¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Las que tienen deseos, pero no es un problema de deseos, ¡claro que no! Es un problema de los sinaloenses.”
Hoy, acusado formalmente por el DOJ, volvió a usar el mismo manual:
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra […] ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.”
Sobre la solicitud de detención con fines de extradición, declaró con una tranquilidad que merece atención:
“No va a pasar nada.”
Y al ser cuestionado sobre los manifestantes que lo confrontaron días antes en Los Mochis, eligió quedarse con ellos mientras el embajador estadounidense —el mismo cuyo gobierno ya le había revocado la visa— celebraba la inauguración sin él:
“Estoy de su lado.”
Del otro lado estaba Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, con un mensaje que no va dirigido a Rocha sino a la clase política de todo un continente:
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia.“
LA PREGUNTA SIN RESPUESTA
El fiscal Clayton acusó a los funcionarios con acceso a información privilegiada que filtraban datos sobre operativos respaldados por Estados Unidos al cártel. Es decir: hay una fuente. Hay un testigo. Hay alguien dentro del aparato que habló.
El DOJ no construye indictments de diez funcionarios en funciones con especulaciones. Construye indictments con testimonios de testigos cooperantes, con registros financieros, con comunicaciones interceptadas. Es probable que los testimonios de El Mayo y Los Chapitos, entre otros narcotraficantes en busca de reducciones de condena, sean parte del material probatorio.
La pregunta no es si Rocha es culpable. Eso lo decidirá un juez.
La pregunta es otra, y nadie en Palacio Nacional la está respondiendo:
¿Cuántos años llevaba el DOJ construyendo este expediente mientras el gobierno mexicano protegía al gobernador con argumentos de soberanía nacional?
Y la pregunta que la contiene:
¿Cuándo exactamente termina la ignorancia y empieza la complicidad?
Rubén Rocha Moya nació en Badiraguato. El mismo municipio que le dio al mundo a Joaquín El Chapo Guzmán. El mismo municipio donde, según el DOJ, los hijos del Chapo construyeron la red política que llevó a Rocha a la gubernatura de Sinaloa.
Hoy Rocha pide a los sinaloenses que estén tranquilos. Dice que “no va a pasar nada”. Dice que habló con la presidenta.
Desde que El Mayo fue arrestado, Sinaloa ha sido el escenario de una feroz guerra entre las facciones del Cártel en busca de suplir el vacío de poder. Miles de muertos. Miles de desaparecidos. Un gobernador en funciones acusado de haber sido parte del mecanismo que lo permitió.
El Distrito Sur de Nueva York dice tener los testigos, los números y los nombres.
La FGR tiene los documentos en su escritorio.
Sheinbaum habló con Rocha y dijo que “nada” — textual — fue lo que hablaron.
El lector decide qué hacer con eso.
Deja un comentario