Me fallaste bien culero, presidente.

AMLO el fraude.
No robar, no mentir, no traicionar

REDACCIÓN MEXNEWS
Chilpancingo, Guerrero — 29 de abril de 2026

Hubo un momento en que millones creyeron. No era fe ciega ni ingenuidad: era hartazgo legítimo ante décadas de saqueo institucionalizado. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 prometiendo una revolución moral. Tres palabras bastaron para condensar todo: no robar, no mentir, no traicionar. Seis años después, el saldo es devastador. No porque las promesas fueran difíciles de cumplir, sino porque el gobierno que debía encarnarlas las violó con una frialdad que todavía duele.

Este artículo no es una diatriba de oposición. Es un registro. Un recuento sin anestesia de los escándalos, las complicidades y las omisiones que convirtieron la Cuarta Transformación en una estafa de proporciones históricas.

“No robar, no mentir, no traicionar.” Tres promesas. Tres mentiras.

1. Los hijos del presidente que «no tenía ningún interés material»

López Obrador construyó su imagen sobre una austeridad casi teatral: vuelos en clase turista, ropas desgastadas, salario recortado. El espectáculo era efectivo. Pero mientras el presidente exhibía su «sencillez republicana», sus hijos vivían una realidad paralela que desdecía cada discurso mañanero.

En febrero de 2022, el portal Latinus reveló que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, habitaba junto a su esposa Carolina Treviño una residencia de lujo en el exclusivo barrio de Houston, Texas, conocida como la Casa Gris. El valor estimado del inmueble: alrededor de 1.2 millones de dólares. El problema no era solo el dinero. Era el propietario: la familia Baker Hughes, empresa que en ese momento mantenía contratos multimillonarios con Pemex, la empresa paraestatal que AMLO colocó como pieza central de su proyecto energético.

La respuesta presidencial fue un clásico del obradorismo: negar, atacar al mensajero, y finalmente minimizar. «Mi hijo tiene derecho a vivir donde quiera», dijo AMLO con la soberbia de quien sabe que no habrá consecuencias. La Secretaría de la Función Pública —órgano que debía investigar— archivó el caso sin sanción. La impunidad, institucionalizada.

Pero la Casa Gris no fue un episodio aislado. Los otros hijos del presidente, incluidos Andrés y Gonzalo, protagonizaron escándalos propios relacionados con financiamiento difuso, vínculos con empresarios beneficiados por el gobierno y una opacidad financiera que nunca fue investigada con seriedad. Cuando el pueblo elige un presidente que denuncia el nepotismo, espera que ese presidente no practique el nepotismo. La traición es doble: moral y política.

2. El huachicoleo: la herencia que nunca se erradicó.

En enero de 2019, el robo de combustible —el huachicoleo— ocupó portadas internacionales cuando la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, mató a más de 130 personas que habían acudido a recolectar gasolina robada. Fue el instante en que el problema dejó de ser estadística y se convirtió en tragedia televisa.

AMLO respondió con una cruzada mediática: «No al huachicol». La Guardia Nacional aseguró ductos, la estrategia de «huachipuertas» prometía sellar las redes criminales. El discurso fue sólido. La realidad, mucho menos.

Los datos posteriores mostraron que el robo de hidrocarburos no desapareció: se reorganizó. Las organizaciones criminales, lejos de ser desmanteladas, diversificaron operaciones y en muchos casos siguieron actuando con la complacencia —o directa participación— de mandos locales y federales. El huachidiesel, variante del robo ahora aplicada al diesel de uso agrícola e industrial, emergió como nuevo negocio del crimen organizado durante el sexenio, sin que el gobierno federal lograra —o quisiera— articular una respuesta estructural.

Lo que comenzó como una promesa de transformación energética soberana terminó siendo el retrato de un Estado que no controla su territorio ni sus recursos. Pemex siguió acumulando deuda récord —superando los 100 mil millones de dólares en pasivos— mientras el huachicol mutaba y prosperaba.

El crimen no desapareció. Se modernizó, se reorganizó y encontró nuevas rutas.

3. Amilcar Olán y la corrupción dentro de la 4T

En el léxico de la política mexicana, la palabra “lealtad” suele ser un eufemismo para el acceso directo a la caja registradora del Estado. No hay mejor ejemplo de esta metamorfosis que Amílcar Olán Aparicio. De ser un empresario discreto en Tabasco, pasó a convertirse en el rostro visible de “El Clan”, la red de tráfico de influencias que, según diversas investigaciones periodísticas, ha operado bajo la sombra protectora de Andrés “Andy” López Beltrán.

La fortuna de Olán no se explica mediante la innovación empresarial o la competitividad de mercado; se explica por el código postal y el círculo de amigos. Su ascenso meteórico coincide quirúrgicamente con el sexenio de la “transformación”. Ser el mejor amigo del hijo del presidente resultó ser el activo más valioso de su portafolio, funcionando como una llave maestra que abrió las puertas de las instituciones que, en teoría, deberían velar por el dinero de los mexicanos.

De los medicamentos a la piedra caliza

El catálogo de beneficios de Amílcar es tan amplio como cínico. Lo mismo se le encuentra intermediando en la compra de medicamentos en Quintana Roo —un negocio de miles de millones de pesos donde la salud pública parece ser el pretexto y no el fin— que suministrando balasto (piedra) para el Tren Maya.

Es en esta última obra donde el escándalo alcanza niveles de caricatura: audios filtrados revelan una operación donde la calidad del material parece importar poco, mientras el margen de ganancia sea obsceno. “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, se escucha en una de las grabaciones atribuidas a su círculo. Esa frase resume la ética de esta nueva casta: rentismo puro con cargo al futuro del país.

El “Huachicol Fiscal”: El nuevo frente

Las investigaciones más recientes no solo lo sitúan como un contratista consentido, sino como una pieza clave en esquemas más oscuros. Su nombre ha sido vinculado a redes que operan el huachicol fiscal, aprovechando la porosidad de las aduanas y el control militar para mover combustibles sin pagar impuestos. Aquí, el negocio ya no es solo recibir contratos, sino burlar al fisco bajo el amparo de la impunidad política.

La impunidad como método

Lo más incisivo de la figura de Amílcar Olán no es solo su riqueza súbita, sino la respuesta del poder. Mientras la fiscalía persigue con saña a opositores, los expedientes de “El Clan” parecen dormir el sueño de los justos. El mensaje es claro: en este gobierno, la corrupción no se acaba, se democratiza entre los amigos del hijo del jefe.

Amílcar Olán es el recordatorio viviente de que el “neoliberalismo” que tanto se ataca desde el púlpito matutino ha sido reemplazado por un capitalismo de cuates aún más voraz, donde la única transformación real ha sido la de los saldos bancarios de unos cuantos elegidos.

4. Narcos y políticos: los que no pueden existir sin los otros

Esta es la verdad más incómoda. La más difícil de sostener en voz alta porque implica no solo señalar al presidente sino a todo un sistema de poder que lo precedió y que él prometió destruir. López Obrador no inventó la relación entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Pero tampoco la rompió. Y en varios episodios documentados, la administró con una permisividad que roza —y en algunos casos cruza— la línea de la complicidad.

El caso más emblemático ocurrió en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas federales capturaron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Horas después, el gobierno liberó a Ovidio bajo la presión de una exhibición de fuerza del Cártel de Sinaloa que dejó al Estado paralizado, con soldados capturados como rehenes y la ciudad sitiada. La decisión de liberarlo fue presentada como un acto humanitario para «salvar vidas». En el mundo real, fue la rendición más documentada del Estado mexicano ante el crimen organizado en décadas recientes.

AMLO defendió la decisión durante meses. Más tarde, en 2023, Ovidio fue recapturado y extraditado a Estados Unidos, pero el daño simbólico e institucional del «Culiacanazo» permanece: quedó demostrado que el cártel tiene más poder que el gobierno en su propio territorio.

Pero el patrón va más allá de un episodio. Durante el sexenio obradorista, los índices de violencia alcanzaron niveles históricos. México registró tres de los años más violentos de su historia reciente entre 2019 y 2023, con cifras de homicidios que oscilaron entre 28,000 y 34,000 anuales. La estrategia de «abrazos, no balazos» —el rechazo a confrontar militarmente al crimen organizado— produjo no paz sino ausencia de Estado.

Gobernadores, presidentes municipales y operadores políticos de Morena en múltiples estados fueron señalados —en investigaciones periodísticas, en expedientes de la DEA y en testimonios de colaboradores de la justicia estadounidense— por nexos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y grupos regionales. La diferencia con sexenios anteriores no fue la eliminación de esos vínculos: fue que el discurso oficial los negó con más energía mientras el fenómeno se profundizaba.

«Abrazos, no balazos» produjo no paz sino ausencia de Estado.

5. El inventario del fracaso: todo lo que prometió y no cumplió

Más allá de los escándalos individuales, el sexenio dejó un catálogo de promesas rotas que merece documentarse con precisión:

SEGURIDAD. México cerró el sexenio con más de 180,000 homicidios acumulados en seis años. No hubo reducción sostenida de la violencia en ninguna región del país. Las fosas clandestinas siguieron multiplicándose. El número de desaparecidos superó los 100,000 registros oficiales, cifra que expertos consideran subestimada.

ECONOMÍA. La promesa de un crecimiento del 4% anual nunca se materializó. El sexenio arrancó con contracción en 2019, fue devastado por la pandemia en 2020 —sin estímulo fiscal significativo— y la recuperación posterior fue mediocre en comparación con la región. La austeridad fiscal que AMLO aplicó durante la pandemia —negándose a endeudar al país para sostener a familias y empresas— costó empleos, empresas y capital humano que difícilmente se recuperarán en una generación.

SALUD. La desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el INSABI fue un desastre administrativo que derivó en desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer. Las imágenes de padres de familia marchando con zapatos rosas y carteles de sus hijos son el símbolo más brutal del fracaso sanitario del obradorismo. El IMSS-Bienestar llegó tarde, subfinanciado y sin infraestructura suficiente.

TRANSPARENCIA. La 4T prometió el gobierno más transparente de la historia. Lo que entregó fue la restricción sistemática del acceso a la información en proyectos estratégicos —el Tren Maya, el AIFA, el Corredor Interoceánico— bajo la figura de «seguridad nacional», una clasificación que blindó a las obras presidenciales del escrutinio público. El INAI fue atacado, debilitado y finalmente dejado sin quórum para operar.

FEMINICIDIOS. Durante el sexenio, el número de feminicidios registrados se mantuvo en niveles trágicamente altos. La respuesta del presidente ante las movilizaciones feministas fue hostil y defensiva: acusó a las activistas de ser instrumentos de la derecha, instaló una valla metálica alrededor de Palacio Nacional para «protegerse» de las manifestantes y minimizó la crisis sistemáticamente.

6. La traición más profunda: destruir las instituciones que debía fortalecer

Hay algo que ningún escándalo individual captura del todo: la forma en que AMLO utilizó el poder para desmantelar los contrapesos que México tardó décadas en construir. El INE, el INAI, el Poder Judicial, los órganos reguladores autónomos —todos fueron atacados, subordinados o vaciados de presupuesto durante el sexenio.

La reforma judicial impulsada en los últimos meses del gobierno, que establece la elección popular de jueces y magistrados, es quizás la herencia más peligrosa. No porque los jueces anteriores fueran intachables —no lo eran— sino porque introducir la lógica electoral en el Poder Judicial lo expone directamente al dinero del crimen organizado. Quien paga la campaña, compra la sentencia. Es una reforma que, paradójicamente, profundiza la corrupción que decía combatir.

AMLO llegó al poder como outsider que prometía limpiar el sistema. Gobernó como un insider que aprendió las peores mañas del sistema y las perfeccionó: el centralismo presidencial, el culto a la personalidad, la instrumentalización de los programas sociales con fines electorales, el uso de medios públicos como aparato de propaganda. La diferencia con sus antecesores no fue que fuera más honesto. Fue que fue más hábil narrando su propia honestidad.

Llegó prometiendo limpiar el sistema. Gobernó aprendiendo sus peores mañas.

Conclusión: el precio de creer.

No hay satisfacción en escribir esto. Quienes creyeron en AMLO no eran ingenuos ni tontos: eran ciudadanos hartos de un sistema que los había ignorado durante generaciones. Ese hartazgo era legítimo. La esperanza era legítima. El fracaso, en cambio, es total.

El no robar resultó ser relativo cuando los hijos del presidente habitaban casas pagadas por empresas contratistas del Estado. El no mentir murió en cada mañanera donde se distorsionaron cifras, se atacó a periodistas y se negaron realidades documentadas. El no traicionar se rompió la tarde del Culiacanazo, cuando el gobierno de México le cedió la calle a un cártel.

Lo que queda no es solo decepción. Es una lección que México necesita aprender con urgencia: los proyectos políticos que se construyen sobre un mesías y no sobre instituciones siempre terminan igual. El mesías falla. Y las instituciones, si ya fueron destruidas, no están ahí para contener el daño.

A mí me fallaste bien culero, presidente. Pero lo peor no es el fracaso personal. Es que nos dejaste más solos, más desprotegidos y con menos herramientas para exigir cuentas que antes de que llegaras.

Eso no tiene perdón.