Rocha Moya, acusado de narcotráfico por el Distrito Sur de Nueva York.
Una crónica del blindaje político.
REDACCIÓN MEXNEWS
Chilpancingo, Guerrero — 30 de abril de 2026
El miércoles 29 de abril de 2026, a mediodía, el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, hicieron pública una acusación formal que sacudió la política mexicana hasta los cimientos: el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de 76 años, es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para la importación de narcóticos —fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina—, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas de destrucción. Las penas que enfrenta van, en caso de ser hallado culpable, de 40 años a cadena perpetua. Ese mismo día, mientras los medios estadounidenses publicaban el documento desclasificado y la oposición mexicana pedía su renuncia inmediata, el aparato político de Morena respondía con una velocidad que solo puede explicarse por preparación previa: cerrando filas.
Además del gobernador de 76 años, los otros acusados son:
Juan Valenzuela Millán, exjefe de policía de Culiacán.
Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno estatal.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, exmandos policiales estatales.
Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán.
Las acusaciones puntuales
La acusación no es vaga ni genérica. Es un documento técnico, detallado y, en varios tramos, demoledor. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— apoyaron la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021 mediante una campaña de secuestro e intimidación de sus rivales políticos. A cambio, una vez en el cargo, el gobernador habría asistido a reuniones con los líderes del cártel y prometido protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos.
El documento describe cómo la estructura gubernamental de Sinaloa fue convertida, presuntamente, en un brazo logístico del cártel: la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Culiacán habrían recibido órdenes directas de proteger cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos. La acusación incluye fotografías de notas de libreta manuscritas que serían nóminas del cártel, con pagos mensuales a funcionarios que iban desde 10,000 hasta 300,000 pesos. Según la DEA, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra recibía 11,000 dólares mensuales por filtrar información sobre operativos. Los acusados, precisa la Fiscalía, «se negaron a darles protección» fue la razón por la que sicarios del cártel dispararon y asesinaron a otros funcionarios que sí cumplían con su deber.
Los diez acusados junto a Rocha Moya son: Enrique Inzunza Cázarez, senador en funciones y exsecretario de Gobernación de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado; cuatro exmandos policiales estatales; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exjefe de policía de Culiacán, quien además es señalado de haber ayudado a Los Chapitos a secuestrar a una fuente de la DEA y a sus familiares, quienes fueron torturados y asesinados.
Un hombre hecho a imagen y semejanza de AMLO
Para entender por qué tantos funcionarios defienden lo que, a todas luces, parece indefendible, hay que entender el origen político de Rubén Rocha Moya. No es un personaje que haya llegado al poder por su propio peso electoral. Es, en sus propias palabras, un producto del dedazo de Andrés Manuel López Obrador.
En noviembre de 2025, durante la Feria Internacional del Libro de Culiacán, el propio Rocha Moya lo confesó con una candidez que hoy resulta escalofriante: las encuestas internas de Morena lo tenían perdiendo frente al entonces alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en nueve de diez rubros. Pero López Obrador intervino. «¿Y quién dice que no es Rocha el que no debe de ser candidato?», habría dicho AMLO al revisar los resultados de intención de voto, donde Rocha sí duplicaba al más cercano. La amistad entre ambos se remontaba a 1998, cuando el tabasqueño presidía el PRD y recorrió Sinaloa junto a Rocha Moya en sus primeras campañas. Una amistad de casi tres décadas que colocó a un hombre en el gobierno de uno de los estados más violentos del país.
El respaldo de AMLO no fue solo organizativo. Fue público y sin ambages. Un video que circuló viralmente el mismo 29 de abril, horas después de que se conociera la acusación, muestra al entonces presidente recomendando el voto para Rocha Moya con una frase directa y cargada de autoridad política: «Se los recomiendo mucho». Esa moneda electoral tenía un alto valor. Hoy tiene otro tipo de precio.
El círculo de protección se cerró todavía más en agosto de 2024, cuando el narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada declaró ante sus abogados que fue llevado a Estados Unidos de forma engañosa, citado a una supuesta reunión en Sinaloa para mediar entre él y el gobernador Rocha Moya y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén. AMLO respondió respaldando al gobernador con esa frase que hoy resuena de otra manera: «Lo importante es que hay paz, hay tranquilidad en Sinaloa». Era septiembre de 2024. En ese mismo mes, decenas de cadáveres abandonados en camionetas comenzaban a ilustrar qué clase de paz era esa.
El blindaje: quién dijo qué y por qué importa
La reacción de la clase política morenista al conocerse las acusaciones tiene una coherencia interna que, vista desde fuera, resulta perturbadora. No hubo pausas, no hubo reflexión, no hubo siquiera la simulación de una investigación interna. La respuesta fue inmediata, coordinada y monolítica. Cada actor repitió, con ligeras variaciones, el mismo libreto: no hay pruebas, es un ataque político, defendemos la soberanía.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. En la mañanera del 30 de abril leyó un comunicado institucional donde estableció dos escenarios: si hay pruebas, la FGR actuará; si no las hay, «es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político». La frase parece ecuánime hasta que se le examina con detenimiento: el estándar que propone —esperar a que la FGR «encuentre pruebas»— coloca al gobierno mexicano como árbitro de una acusación contra un aliado político de su propio partido. Sheinbaum añadió: «Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México». Entretanto, Rocha Moya había declarado horas antes con total tranquilidad que ya había hablado con la presidenta: «Sí, claro», respondió cuando se le preguntó si ella lo apoyaba. «No va a pasar nada», agregó, con la certeza de quien conoce el resultado antes de que empiece el proceso.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El abogado y doctor en Derecho que hoy preside la Junta de Coordinación Política en San Lázaro abrió su rueda de prensa con una sentencia que quedará en los registros: «Ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político. Hasta este momento no conozco ninguna prueba contundente sobre la culpabilidad de personas». Cuando se le preguntó si el gobernador debería renunciar mientras dura el proceso, Monreal fue categórico: «No tienen por qué hacerlo». Y cuando se le preguntó si repetiría el célebre «¡No estás solo!» que los diputados de Morena corearon al unísono en octubre de 2024 cuando Rocha visitó la Cámara, el coordinador respondió con otra frase para el archivo: «Si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él».
Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. El más estridente de los defensores fue también el más revelador. Desde la tribuna del Senado, en sesión del 29 de abril, Noroña declaró: «Lo que es inaceptable es que se siga injuriando a un compañero gobernador al que no se le ha presentado una sola prueba de lo que se le señala y esté todo el tiempo golpeándosele. Rechazo categóricamente las acusaciones en contra de mi compañero gobernador Rubén Rocha Moya». Pero el documento verdaderamente revelador fue un video anterior que comenzó a circular ese mismo día, donde Noroña —refiriéndose en contexto a los opositores que criticaban a Morena por sus vínculos con el crimen organizado— gritaba: «Si estuviéramos vinculados al narco, no se atreverían a decírnoslo, si fuéramos una dictadura, no se atreverían a decírnoslo, porque ni tienen pasta de héroes ni de mártires. ¡Pandilla de canallas!, ¡pandilla de traidores al pueblo!» El video fue ampliamente compartido con ironía por usuarios de redes sociales.
Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La SRE respondió al Departamento de Justicia estadounidense con una carta en la que señaló que la petición de detención provisional con fines de extradición «no cuenta con elementos de prueba». Adicionalmente, la cancillería emitió un extrañamiento formal porque el proceso de extradición —que es confidencial según los tratados bilaterales— fue hecho público por Washington antes de que México pudiera evaluarlo. La queja diplomática era legítima en sus formas; lo que no dijo la SRE es que los hechos descritos en la acusación tenían meses circulando entre reporteros de investigación.
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la Ciudad de México, militante de Morena. Desde su posición, ha acompañado la narrativa de que las acusaciones constituyen un ataque político y que no existen pruebas contundentes. La postura de la Fiscalía General de la República fue de tono similar: «Es fundamental cumplir con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional», dijo su vocero Ulises Lara, evitando pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió su comunicado 033/2026 el mismo 29 de abril: respaldó la actuación del gobierno federal, señaló que las solicitudes de extradición carecen de elementos de prueba y calificó su divulgación pública como una violación a la confidencialidad prevista en los tratados. El comunicado no mencionó a las víctimas. Tampoco a las drogas. Tampoco al fentanilo.
Senadores de Morena también trazaron la línea de defensa habitual: «No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación. Es un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político», declararon. La frase convierte una acusación penal federal en un asunto de identidad política. El argumento no es nuevo. Fue el mismo que se usó cuando se acusó al secretario de Seguridad Genaro García Luna —hoy condenado a más de 38 años de prisión—.
El antecedente que nadie quiere mencionar
Existe un elefante enorme en la sala de prensa de Palacio Nacional que nadie en Morena quiere nombrar: Genaro García Luna. Ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012), acusado en 2019 por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. La reacción política de entonces fue idéntica: injerencia, soberanía, pruebas insuficientes, ataque político. En 2023, García Luna fue declarado culpable en 11 cargos y condenado a más de 38 años de prisión. Hoy apela su condena desde una celda federal. El caso del exgeneral Salvador Cienfuegos —detenido en 2020, liberado en 2021 por presión diplomática mexicana, y archivado— es el otro precedente que circula en la conversación: el que Morena cita como ejemplo de que Estados Unidos puede equivocarse. Tienen razón. Pero Cienfuegos fue liberado antes de juicio; García Luna fue juzgado y condenado. La diferencia no es menor.
Lo que convierte el caso de Rocha Moya en algo cualitativamente distinto a una disputa diplomática de rutina es el nivel de detalle que contiene la acusación. No son inferencias o vínculos vagos. La Fiscalía describe reuniones específicas entre Rocha y los líderes de Los Chapitos. Describe el mecanismo por el cual las corporaciones policiales estatales protegían cargamentos. Describe pagos. Describe la operación mediante la cual, según la acusación, Los Chapitos intervinieron directamente en el proceso electoral de 2021 mediante secuestros e intimidaciones a rivales del entonces candidato. Mario Zamora, el candidato de oposición que perdió esas elecciones, declaró el mismo miércoles 29 que en su momento ningún abogado quería participar en las denuncias que intentaron presentar sobre los hechos de esa campaña.
La pregunta que nadie hace, pero todos piensan
El argumento de la «soberanía» es el más socorrido y el más deshonesto. Nadie en el gobierno federal explica por qué defender la soberanía implica proteger a un gobernador específico de un proceso judicial, en lugar de investigarlo con todas las herramientas del Estado. La soberanía, en este contexto, no es un principio; es un escudo. Un escudo que protege, sobre todo, la narrativa política de Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027.
La pregunta que ningún funcionario de Morena responde en cámara es simple: si las acusaciones son falsas, ¿qué tiene de malo que la FGR investigue con todos sus recursos y lo demuestre? En cambio, lo que se observa es un gobierno que condiciona la investigación a que Washington primero demuestre lo que investiga, un senador que insulta desde la tribuna a quienes cuestionan a un «compañero», y una presidenta que establece como prueba de inocencia la ausencia de una declaración jurídica que todavía no puede existir porque el proceso apenas comienza.
La analogía más perturbadora la ofreció, sin saberlo, el propio Rocha Moya: nacido en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio donde nació Joaquín «El Chapo» Guzmán. La geografía no es un argumento jurídico. Pero en un estado donde el crimen organizado lleva décadas entretejido con la política local, y donde la acusación describe una captura institucional casi total de las corporaciones de seguridad, la coincidencia geográfica es casi una metáfora.
Los silencios también hablan
No todos los morenistas hablaron. El senador Adán Augusto López, otrora uno de los operadores más cercanos al expresidente AMLO y al gobierno sinaloense, evitó pronunciarse. Su silencio fue notado y comentado. El senador Enrique Inzunza, el otro acusado con fuero, se refugió en sus oficinas del Senado sin hacer declaraciones. La diputada de Morena por Chihuahua, Maité Vargas, que había planeado llevar al pleno carteles atacando a la gobernadora panista Maru Campos y acusando a la oposición de vínculos con el crimen organizado, desistió de mostrarlos en cuanto se hicieron públicas las acusaciones contra Rocha. La ironía no necesita explicación.
En las redes sociales, la secretaria de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, expresó su respaldo «firme, personal e institucional» al gobernador. Los medios locales, reportó Proceso, se limitaron a replicar versiones oficiales, sin análisis crítico. La burbuja informativa en Culiacán es total. Quizás porque, en una ciudad donde los sicarios del cártel asesinan a los funcionarios que no cooperan, el periodismo también tiene sus límites de supervivencia.
No va a pasar nada». El peso de una frase
Rubén Rocha Moya tiene la presunción de inocencia que la ley le garantiza. Solo la ley, porque en el plano político y moral el caso está construido sobre décadas de evidencia circunstancial, documental y testimonial que va mucho más allá de una acusación federal. Tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a no renunciar si no lo obliga la ley. Tiene derecho a un proceso justo.
Lo que no tiene derecho es a convertir su defensa en una operación de Estado. Lo que no tiene derecho es a usar el aparato federal —la cancillería, la fiscalía capitalina, el partido gobernante, los senadores, los diputados, la mañanera presidencial— como escudo procesal. Y lo que el pueblo mexicano no tiene derecho a recibir es un gobierno que, ante una acusación de esta naturaleza, responde no con transparencia sino con lealtad de trinchera.
«No va a pasar nada», dijo el gobernador el 29 de abril, parado frente al Palacio de Gobierno de Culiacán, con la misma placidez de quien sabe que el sistema ya fue activado en su favor. Puede que tenga razón. Puede que la FGR encuentre que no hay pruebas suficientes. Puede que Washington no logre la extradición. Puede que en 2027 Rocha Moya entregue el poder con una ceremonia institucional y vuelo chárter a algún destino sin tratado.
Pero lo que ya pasó, lo que ya no puede deshacerse, es la imagen de toda una clase política cerrando filas alrededor de un gobernador acusado de facilitar el tráfico de fentanilo que mata decenas de miles de personas al año. Cerrando filas antes de conocer las pruebas. Cerrando filas por lealtad política, no por convicción jurídica. Cerrando filas, al final, porque en el México de la Cuarta Transformación, como en el México de todos los anteriores, la lealtad al jefe siempre pesa más que la verdad.
Nota del editor: Rubén Rocha Moya es presumido inocente ante la ley mientras no exista sentencia condenatoria firme. Las acusaciones referidas en este artículo son imputaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no constituyen prueba de culpabilidad. El artículo periodístico refleja declaraciones documentadas y análisis de contexto político.
Aunque, ya sabemos que sí es verdad jajaja.
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